ENTREVISTA A JORGE ORTÍZ

EL REGISTRO TIENE QUE SALIR DEL REGISTRO

Es un apasionado del Derecho Registral, y así lo hace saber a todo aquél que escucha sus conferencias: dinámico, práctico, convincente. Es capaz de tirarse al suelo con tal de asegurarse la comprensión de sus oyentes. Esta vez –en Trujillo- bajó al llano del escenario, se sacó el saco y aflojó la corbata. La energía de su voz la mantuvo hasta el último segundo de su intervención, junto con su claridad expositiva, y esos ademanes que no le caben en el cuerpo. Finalmente ha terminado empapado de sudor, tras una dura batalla contra el letargo y las medianías características del circuito académico registral. “Todavía tengo aliento”, me dice, y sube la guardia por cualquier ofensiva durante esta entrevista.


—¿Cómo entiende Ud. hoy en día el Derecho Registral?
—El Derecho Registral está orientado a regular el acceso de los documentos que pueden ingresar el Registro, llámense notariales, judiciales, administrativos, en algunos casos privados, consulares, etc.; y que buscan emplazarse en el Registro, previa calificación de los mismos por el registrador y que cumpla con el objetivo del Derecho Registral que no es otros que la publicación de las inscripciones.
—Ahora, en este procedimiento se presentan una serie de vicios, ¿no?, ¿Cuáles son los más frecuentes?

—Bueno, los más frecuentes normalmente se presentan una serie de errores, vicios o paradigmas de la propia administración pública, por ejemplo, yo no concibo hasta ahora que se tenga que pedir la copia del DNI para la presentación de un documento al Registro, más aún teniendo en cuenta la carencia y precariedad que tenemos con los DNI. Lo único que estoy generando con este tipo de requisitos, más allá del formulario registral que sí me parece interesante, es el de elevar los costos de transacción…
— ¿Y entonces qué documento sugiere para estos efectos?
—Simplemente sustentaría la presentación del documento con llevar el documento registral con calidad de declaración jurada, presentar el documento que quiero inscribir y el pago de la tasa registral correspondiente; pero no estar gestando este tipo de requisitos administrativos que lo único que hacen es “molestar” al procedimiento. Ojo: el funcionario registral no tiene capacidad de estar calificando si soy o no la persona que ostento el DNI. Es totalmente absurdo.
—Por cierto, ¿los costos de transacción son demasiado altos en nuestro país?
—Sí, son altos en función de que no hay proporcionalidad entre lo que se intenta inscribir y lo que contiene el acto. Me explico con un ejemplo concreto: Inscribir una casa que cuesta 100 mil dólares y otra que cuesta 10 mil dólares, como valor de transferencia. Ambos implican el mismo esfuerzo en Registro, los dos implican que actúa un registrador, una mesa de partes, un libro diario, etc. Los dos implican la misma cantidad de funcionarios en la tramitación del documento al interior de la institución y el mismo uso del sistema registral. Sin embargo, por la casa de 100 mil me cobran una tasa, y por la de 10 mil otra distinta, cuando ésta debería ser una tarifa plana en función del acto.
—¿Sabe de alguna iniciativa legislativa en ese sentido?

—Sí, hay por ahí algunas iniciativas pero yo estoy seguro que en este momento no se va a cambiar nada por estar en una etapa electoral y ad portas de un nuevo gobierno. No creo que ocurra pero yo soy de la opinión de sincerar las tasas en función de lo que realmente cuesta el servicio. El servicio es exactamente el mismo y no tiene porque cobrarse distinto.
—Ud. es también muy crítico de los operadores registrales. En su conferencia acaba de decir que algunos registradores actúan como si estuvieran vendiendo un servicio privado y no un servicio público. ¿A qué se refería?
—Me refiero puntualmente a que el servicio público tiene que ser un servicio abierto en el que puede existir discusión, en donde se puedan rebatir posiciones y en el que el registrador pueda cambiar de posición cuando esté equivocado. Pero resulta que hay una gran cantidad de registradores a nivel nacional que creen que tienen poder por ser registradores, y están totalmente equivocados: el poder se los ha dado el Estado, y se lo hado como funcionario público no como funcionario privado. El funcionario público tiene una característica fundamental que es la del servicio público, y el servicio público uno no lo recibe como tal: porque cuando uno crítica lo “marcan”, porque cuando uno discute no lo invitan, o porque cuando dice las cosas en voz alta le empiezan a cerrar las puertas…
—¿Le han cerrado muchas veces las puertas a Ud?
—Sí, pero me tiene sin cuidado porque felizmente los alumnos me las abren todos los días.
—¿Cómo evalúa la calidad de las resoluciones de los Tribunales Registrales (TR),?
—En general los precedentes de observancia publicados hasta el día de hoy como plenarias de los TR a nivel nacional son muy buenos. Pero hay precedentes que tienen que ser observados y discutirse sobre los mismos. Yo recuerdo mucho alguna discusión que tuve sobre un precedente y que a mí me parecía una aberración, con respecto a la calificación registral de documentos judiciales, y, los señores del TR no tuvieron mejor opción que, en plena discusión académica, pararse e irse, como si ellos tuvieran la verdad absoluta. Pero en general sí considero que hay gente valiosa, que sus resoluciones son muy importantes porque han aclarado una serie de situaciones frente a la inscripción de los títulos en el Registro, pero me gustaría que tuvieran tolerancia en la discusión de sus precedentes.

—Se me ocurre esta pregunta: ¿En el Perú hay una cultura registral?
—Se está haciendo porque cada día se difunde más el Derecho Registral como materia en las universidades, existen cada vez más cursos de Derecho Registral, yo por ejemplo, dicto en la San Martín un Seminario de Derecho Registral, e igualmente tenemos tres cursos anuales de pos grado de Derecho Registral. Creo que esta labor de las universidades de promocionar esta materia, de separarlo del Derecho Notarial, y desde los reglamentos y precedentes de observancia obligatoria, y la cooperación de varias instituciones nos lleva de a pocos a gestar una cultura registral en el país.
—Qué otras reformas son necesarias para que nuestro sistema registral sea más eficiente.

—Hay una norma que es fundamental y que acaba de reglamentarse, sobre el Sistema Integrado de Catastro. Esto va a ser una revolución total que merece ser incluido en los cursos y ser objeto de debate. Creo que el cambio que se viene en el Registro de Predios es fundamental contando ya con un catastro, y debo mencionar, además, que esta ley no genera un catastro, lo que ha hecho es unificar instituciones para que empiecen a hacer el catastro, lo cual es un avance muy importante.
—¿Y en cuanto al acceso al procedimiento?
—Sí, creo que Registro tiene que salir del Registro. El Registro si quiere registrar no puede esperar sentado a que la gente vaya a ellos. Los registradores tienen que tener una actitud como la que en algún momento tuvo COFROPI, donde las brigadas salían a buscar a quién titular. El Registro tiene que tener la misma actitud con quienes registrar, más aún cuando hoy en día los medios electrónicos prácticamente van en el bolsillo de uno.
—Bien, pasando a otro tema, acaba de presentar su librito en Trujillo .
—Sí, es un libro picante con temas bastantes sugestivos. Esto yo se lo debo a Alfredo Bullard que fue una de las personas que innovó la forma de escribir en el Perú titulando sus artículos socarronamente. Creo que es importante, primero, porque se escribe muy poco sobre Derecho Registral; y segundo, lo que se escribe se ha hecho de un modo bastante denso, salvo Jorge Gonzales Loli, Gonzales Barrón, Guevara Manrique, pero de ahí para adelante no hemos innovado, y creo que este libro busca un poco esto: tratar temas picantes con temas socarrones.
—¿Por ejemplo?
—Cuando decimos “Calificación de documentos judiciales: La justicia, la estabilidad jurídica, antes que la ley hepática”. O cuando decimos que el TR tiene facultades legislativas, y lo digo puntualmente porque el TR en un precedente de observancia se metió a interpretar en qué momento debía presentar uno la acción contenciosa administrativa, y a interpretar plazos, cuando el TR no tiene ninguna facultad para ello. Otra cuestión es si debe “anotar” el contrato de opción, que hoy se inscribe en el Registro…
—Por aquí leo otro: “Calificación de documentos judiciales: Un verdadero infiernillo”…
—Sí, aquí analizo una resolución del TR sobre un terreno rústico llamado precisamente “El infiernillo”, y que tuvo que pasar las de Caín para lograr su primera inscripción en el Registro. Espero que este pequeño libro sea muy bien recibo, especialmente por los estudiantes de Derecho. (2006)

ENTREVISTA A ERNESTO DE LA JARA

DE LA JARA Y EL AGNÓSTICO

“Provengo por supuesto de la izquierda —nos dice a manera de presentación—, de la época donde la izquierda era una alternativa viable en todo el mundo”. Se llama Ernesto de la Jara Basombrio, abogado y periodista, fundador del IDL, Director de la revista del mismo nombre y hoy por hoy cabeza del Proyecto Justicia Viva (Consorcio integrado por el IDL, Facultad de Derecho de la PUCP y la Asociación Jueces para la Justicia y La Democracia), cuya misión es monitorear los avances que se logren en la refundación de la justicia ordinaria hacia los próximos tres años. Aquí sus perspectivas frente a un agnóstico del sistema, donde cuenta también los giros que han de aplicarse. “Ahora, sinceramente, no me podría definir de la izquierda, pero tampoco me podría definir, de ninguna manera, de derecha...”


—La idea de una reforma en el Poder Judicial está bastante devaluada, y alguna gente se pregunta qué es lo que nos asegura que esta vez no será más de lo mismo.
—Sí, el concepto de reforma judicial está devaluado porque han habido muchos intentos fracasados, sobre todo este último de fines del ’95 con Fujimori y Montesinos, donde se devaluó tanto el término que ahora se habla de “refundación”, “reestructuración”, “modernización”, etc. Casi todo gobierno ha intentado su propia reforma (Leguía, Odría, Velasco, Fujimori), siempre como un medio de intervención política o con otras finalidades; entonces, por qué vamos a pensar que se trata, esta vez, de una reforma judicial auténtica. Yo más bien digo que esta sería la primera vez, si se logra dar esta reforma, porque ha habido un intento de verdad, sin cartas bajo la manga, realmente una alianza entre fuerzas del Ejecutivo y de la sociedad civil para un verdadero cambio.
—Pero esta primera vez, que Ud. dice, es una oleada nacida precisamente a raíz de una coyuntura, que fue el caso de Canal 5...
—Eh, si hay posibilidades de reforma judicial es porque hay tal irritación de la población que es impostergable un cambio; pero yo diría que no solamente es eso, por ejemplo, por primera vez en la historia del país tenemos grupos de jueces y fiscales claramente comprometidos con una visión autocrítica de lo que ha sido la justicia en el Perú, con una visión autocrítica frente a la década del ’90, que tienen una concepción claramente democrática de la justicia, y allí podemos mencionar la iniciativa del Presidente de la Suprema, todo el Sistema Anticorrupción, los jueces y procuradores, que son personas que tienen un discurso de cambio, democrático, a favor de los DD.HH.; hay, evidentemente cambios significativos que no había antes.
—La CERIAJUS, en términos estrictos, ¿no cree que es una intervención del Ejecutivo?
—Yo no podría afirmar ahora que hay una voluntad de injerencia política de parte del actual régimen político. La CERIAJUS, si bien es una iniciativa del Ejecutivo, a la hora de estructurarse, primero, ha seguido un camino institucional, o sea, ha sido una propuesta en el Congreso y después en el pleno; en segundo lugar, está representado el P.E. pero tiene un solo representante, el Ministerio de Justicia es un solo voto, lo mismo el P.J.; entonces, no hay ningún mecanismo de injerencia porque no hay nadie que controle la CERIAJUS. Solamente hay un conjunto de minorías. Ahora, hay que estar atentos, si el P.E. insiste en continuar, por encima del CERIAJUS, con otros proyectos que ha presentado, por ejemplo la ratificación extraordinaria, la jubilación a los 65 años, la ampliación del CNM, eso sí sería una mala señal porque las iniciativas tienen que pasar por la CERIAJUS.
—Tienen un plazo de 180 días, ¿será suficiente?
—Hay una serie de medidas que todo el mundo sabe que se tiene que dar y creo que 180 días está bien para ordenar, centralizar, tener un esquema, y de allí, de la propia CERIAJUS, pueden salir mecanismos que continúen supervisando la implementación de la reforma. En ese sentido sí creo que el plazo está bien.
—Sin embargo no tiene funciones ejecutivas ¿no?, de repente esto no lleva a mucho...
—Bueno, esa es una parte que no está finalmente en la ley, porque inicialmente en el proyecto se decía que podía tomar algunas medidas concretas, pero yo creo que, como están representados incluso parlamentarios; entonces, si se tiene una iniciativa interesante, yo creo que si ellos lo presentan al Congreso tiene muchas posibilidades de salir.
—¿El Acuerdo Nacional es una suerte de reacción del P.J. frente a la iniciativa del P.E. con la CERIAJUS?
—En realidad, primero se anunció la creación del Acuerdo nacional en el discurso del Dr. Sibina a comienzos de año; más bien, se demoró en impulsar esa iniciativa, entonces, no creo que haya sido una reacción, lo que pasa es que se concretó tiempo después que se instaló la CERIAJUS; ahora, hay dos posibilidades: o que esto signifique un confrontación entre el P.E. y el P.J., lo cual sería lamentable; o, la segunda posibilidad, que es la nosotros estamos apostando, que sean dos vías complementarias y compatibles.
—Ahora bien, si bien es cierto, la ciudadanía en general tiene expectativa por esta reforma, ¿cómo está viendo el sentir de los operadores judiciales?
—Hay un sector que quiere cambiar, que quiere reivindicar al sistema de justicia, que quiere pasar a ser un sistema reconocido, legitimado, valorizado; sin embargo, como es obvio, hay también muchas resistencias internas, por ejemplo a nivel de la Corte Suprema, pues estamos viendo una serie de fallos absolutamente controversiales, sin mayor sustento jurídico, que hace que la percepción ciudadana empeore en relación a la administración de justicia. En resumen, hay un grupo de jueces pro cambio, y hay todavía muchas resistencias internas que hay que revertir, recordemos que hay muchos sectores que se benefician con las cosas como están en el sistema de justicia.
—Por ejemplo, ¿los abogados?
—Claro, hay abogados honestos, probos, que quieren el cambio, y otros que les conviene que el sistema sea corrupto porque de esa manera hay vías de corrupción, pueden “arreglar” los juicios, etc.; parte del problema de la justicia es la actuación de los abogados, todos sabemos que tienen una actuación muchas veces temeraria y, lamentablemente, no hay ningún marco normativo de sanción a la mala práctica judicial de los abogados, cosa que si hay en otros países.
—¿Alguna admonición para ellos?
—Para quién, ¿para los abogados?
—Sí, para los nuestros...
—Por supuesto, que se plieguen al cambio. Es decir, todos los que estamos hartos de que las cosas sean como están tenemos que decirlo. Si nos convencemos que van a haber reglas de juego claras, que no va a existir corrupción, que se van a respetar los fundamentos jurídicos, yo creo que podemos ganar a muchos abogados con esta idea. Los abogados, así como son parte del problema pueden perfectamente ser parte de la solución.
—Ahora, en general el tema de la corrupción, que es tan medular y tan complejo, ¿cómo enfrentarlo?
—Bien, en la Comisión de Reestructuración, el grupo Eticidad y Anticorrupción Judicial hizo un informe muy interesante por dos cosas: se asumió un concepto de corrupción judicial muy moderno, es decir, corrupción no es sólo cuando se descubre a un juez recibiendo plata, lo es también el tráfico de influencias, no solamente del que lo permite sino del que lo promueve; en segundo lugar, el informe muestra un conjunto de medidas muy concretas que hay que implementarlas ya, por ejemplo, un Registro de Sentencias, que no hay en el Perú; un Registro de Bienes de Jueces y Fiscales; y en general todo un conjunto de elementos de transparencia que son fundamentales.
—Ahora, pareciera que esta última reforma ataca los problemas a partir de los efectos, más no en las causas del conjunto social.
—Todo el mundo sabe que la impunidad genera más corrupción, entonces tiene que haber un aspecto de control disciplinario de sanción de la corrupción; a la vez, estoy de acuerdo con Ud., no es solamente el problema de la corrupción, por ejemplo, todo lo que es el sistema de selección de magistrados es clave, pero por encima de todo está toda la cultura judicial y toda la cultura jurídica, toda la mentalidad litigiosa, porque no solamente los jueces y fiscales son los corruptos, hay una corrupción generalizada: para bailar el tango se necesitan de dos, osea, para un juez corrupto existe alguien del externo del sistema que corrompe al juez.
—Pero eso no está abordando la reforma...
—Todavía no, todavía no, es uno de los aspectos en los que todavía no se han dado pasos adelante.
—Bien, el tema del presupuesto, ¿cuánto dinero es necesario para desplegar esta reforma 2003?
—Nosotros hemos hecho un estudio sobre el presupuesto e indudablemente es un punto en el que tiene razón el P.J., en el sentido de que se requieren más recursos. Ahora, a la vez hay que cambiar antes una serie de cosas, por ejemplo en el presupuesto del año pasado, habiendo escasez de recursos, el P.J. tuvo que devolver 40 millones de soles, entonces, esto indica que no hubo una capacidad de gasto; también tiene que haber una transparencia total en el gasto, en tanto la ciudadanía necesita saber cómo se gasta ese dinero, entre otros aspectos.
—Esta devolución que Ud. menciona, ¿no sería también falta de imaginación para el gasto?
—Serían las dos cosas ¿no?, falta de capacidad en el gasto por falta de imaginación. Lo que pasa es que en el sector público el gran porcentaje es para pagar los sueldos, lo cual no está mal porque el recurso humano es fundamental en este tipo de actividades, pero a la vez hay tantas cosas que implementar, por ejemplo, las condiciones de trabajo que son absolutamente precarias, etc.
—Qué otras consideraciones deben priorizarse, además del tema económico
—Yo diría que de la agenda, en primer lugar, el desafío es que debe abarcar todas las entidades del sistema de justicia, es decir, hay que trascender al concepto de reforma judicial: tiene que abarcar también la Policía, el Ministerio Público, el T.C., el CNM, es decir, todos los eslabones de la cadena; en segundo lugar, hay que abarcar un conjunto de temas simultáneamente, por ejemplo, el factor humano, todo el proceso de selección, de carrera, de control disciplinario. Otro tema es por qué tiene que haber esta jerarquía entre primera, segunda instancia y Corte Suprema, dado que muy bien puede haber un juez que le guste ser de primera instancia y que se quede toda su carrera como tal, pero a la vez pueda mejorar en términos de remuneración, como ocurre en otros países. El tema del acceso a la justicia, el BM dice que la tercera parte del país no tiene ningún tipo de acceso a la justicia, yo creo que es más, pero en fin, así sea solamente un tercio, es un tema que debe preocuparnos.
—Otro tema es la frondosidad procesal, ¿cómo aliviarla?
—Sí, actualmente hay un millón de expedientes de causas pendiente de resolver, se calcula (según nuestros indicadores) que si todo esto sigue así, en 4 años van a ser más de 8 millones, y el P.J. va a tener una capacidad de resolver solamente el 10%. ¡Esto es una locura, es inmanejable!, frente a esto hay que atacar “cuellos de botella”, es decir, hay una serie de segmentos de la carga procesal que no tiene porqué resolverse judicialmente sino a través de otros mecanismos.
—¿Por ejemplo?
—Los MARC’s, que si bien han fracasado en el Perú, esto no quiere decir, por ejemplo, que la Conciliación sea mala en sí misma, lo que pasa es que ha habido una serie de elementos que lo han hecho fracasar, pero habría que replantearlo desde otra perspectiva, por allí también esta el Principio de Oportunidad, el Arbitraje, la misma Justicia de Paz; así, en cada materia se deberían hacer planteamientos novedosos que fortalezcan el sistema. En uno de los temas que hemos preparado para el CADE de este año, decimos que es fundamental para la inversión privada, no sólo que funcionen bien las Cámaras de Comercio o los Juzgados Comerciales, sino que funcione en general el sistema de justicia, porque sino no habrá vías de solución a los conflictos económicos, sociales, la fiscalización del poder, el control de la legalidad; en suma, todo aquello que finalmente da seguridad a las inversiones.
—Cómo están abordando el tema de la informatización de la justicia
—Planteamos que esto es clave en el tema de la modernización. No significa que vamos a priorizar sólo la cuestión informática sin un desarrollo cualitativo, recuérdese que en la reforma del ’95 fue el momento en el que más se avanzó en el tema de la informatización, y sin embargo fue la época más oscura del sistema de justicia. Entonces, todo debe ir articulado.
—Mientras tanto los expedientes seguirán cosiéndose a mano...
—La eficiencia en lo administrativo es también clave, siempre cuando esté ligado a lo jurisdiccional, pero creo que con relativamente pocos recursos y mucha creatividad se podrá avanzar en muchísimo. Revisemos el tema del despacho judicial y los órganos de gobierno, pues son los niveles que deben resolver toda una serie de asuntos.
—Finalmente, ¿sigue Ud. creyendo que somos “un país especial” como escribió alguna vez en DEBATE?
—Sí, sí sí... yo soy un convencido de que este país tiene unas posibilidades enormes, gigantescas, y que reposa fundamentalmente en su gente, por ejemplo de aquí me voy cargado de vitalidad porque veo personas comprometidas con su trabajo, y creo que si hay grandes esperanzas, buena voluntad, claridad de objetivos, honestidad en lo que uno hace, tendremos resultados significativos. (2004)