En sus primeros años de abogado, defendía a algunos acusados de terrorismo y fue involucrado. Varios otros letrados estaban siendo encarcelados, así que no le quedó otra que irse fuera del país. Primero a Bolivia, después a España, donde gracias a una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional logró el doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. “Ya estaba metido en la academia”, nos cuenta con esa nostalgia de quien ha pasado más de 15 años fuera de su patria. “El exilio es duro, desde luego, pero afortunadamente a nivel internacional hay mucha solidaridad con los refugiados, especialmente cuando provienen de países con conflictos sociales”. No es casualidad, por tanto, que Gilmer Alarcón Requejo haya terminado reflexionando sobre temas de Derechos Humanos, específicamente sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Hoy, tras publicar su primer libro en España (*), se dedica por entero a la docencia universitaria.
— Qué lo lleva a interesarse en el tema de los derechos de los migrantes.
— Bueno, en principio los procesos migratorios hoy son tan importantes que trastocan las sociedades modernas y causan mucha perplejidad; de pronto uno ve que el 10 o 15% de la población es población migrante, entonces eso genera grandes retos para las sociedades de acogida de cómo trabajar la integración social, cómo manejar el flujo de los migrantes, cómo salvaguardar sus derechos, y cómo integrarlos a la vida del país donde se encuentran.
— ¿Usted diría que en la Europa de hoy hay una involución en el tratamiento de estos temas?
— Efectivamente. Hubo un avance en el reconocimiento de algunos derechos, pero a raíz de la crisis las políticas se endurecen contra los migrantes, por ejemplo la Directiva de Retorno de la Unión Europea, que consiste en detener por largos periodos (hasta 18 meses) a los trabajadores migrantes irregulares. Esto es discutible desde el punto de vista de los derechos humanos y fue muy criticado, pues uno de los colectivos afectados de manera inmediata eran los inmigrantes latinoamericanos, y porque entre América Latina y la Unión Europea existe una Declaración de Principios de respeto a los derechos de los migrantes –o sea hay un Convenio de Cooperación-, de tal forma que aprobar una directiva de este tipo implicaba desviarse de compromisos con los países latinoamericanos.
— Qué alternativas podrían tener los países europeos para abordar estos problemas.
— Lo que ha pasado es que esa directiva de retorno ha sido moderada por algunos Estados, por ejemplo el caso de España, en el que la detención no pasa de 60 días y no de 6 meses como se estableció inicialmente, y en general, hay otras políticas públicas que apuntan a proteger los derechos de los migrantes sin llegar a propuestas fundamentalistas.
— Por ejemplo...
— Bueno, tratar de tener una migración más estable y evitar que estas poblaciones, sino logran integrarse socialmente, pues generen graves problemas en sus sociedades. Ahora, hay que reconocer también que hay un enorme cinismo de parte de estos Estados porque, aunque no lo digan expresamente, la migración es una gran aportación para el desarrollo de sus países.
— Especialmente por la oferta de trabajo, ¿no?
— Por supuesto, entonces el reto está en que estas poblaciones no sólo sean un motor de desarrollo para los países de acogida, sino también para los países de donde ellos salen, ya sea a través de remesas, de programas de desarrollo, etc. Por eso también es muy criticable esta famosa “tarjeta azul”, que quiere implantar la Unión Europea para tratar de promover la migración de personal calificado desde América Latina, pues eso descapitaliza de recurso humano a nuestros países.
— Usted ha presentado un proyecto junto a un grupo de profesores respecto de estos temas. Cuéntenos de esa iniciativa.
— Sí, hemos presentado un proyecto en España para el reconocimiento de los derechos políticos a los migrantes residentes. Esto permitiría que tengan una mayor incidencia en los programas de los partidos políticos y en las políticas públicas del país de acogida, tratando de que sus intereses y necesidades sean recogidas de mejor manera, porque si bien existen mecanismos de participación consultiva no de toma de decisiones. De esta forma los migrantes, por ejemplo en el caso latinoamericano, tendrían una mayor influencia en la vida política de estos países.
— Ahora, ubicándonos en nuestra realidad, cómo ha encontrado la clase política.
— Ehh… Yo soy muy optimista sobre lo que está pasando en Perú después de haberme ido en un periodo muy difícil, con un conflicto armado interno, con escasa democracia, etc., y hoy en día el Perú está en franco crecimiento del Estado de Derecho, hay mayores mecanismos para la protección de los derechos y una sociedad civil activa que permite impulsar reformas en el Estado.
— Y los congresistas tránsfugas, falsificadores, estafadores…
— Yo creo que el descrédito viene en gran medida en la selección de los parlamentarios. Al igual que ahora se hace con los jueces, creo que se debería mejorar algunos mecanismos para seleccionar a los futuros parlamentarios a fin de mejorar las competencias y respondan mejor a sus electores. Weber decía que quien quiere poner sus manos en el carro de la historia, tiene que tener mucha responsabilidad, porque eso significa involucrarse con los intereses de las grandes mayorías.
— Casi siempre estamos hablando de reformas… ¿Insistir en estos debates puede elevar la situación política del país?
— Yo creo que la protección de derechos en el Perú ha avanzado mucho por el activismo del Tribunal Constitucional (TC); sin embargo el riesgo está –no solo para el caso peruano sino para todos los paises organizados en torno a un Estado Constitucional- en que el activismo del TC disminuya la dinámica del parlamento. Mi impresión es que las reformas políticas para garantizar derechos en el Perú no solo tienen que estar concentrados en el TC, sino también en potenciar el parlamento y el razonamiento de los partidos políticos.
— Un parlamento bicameral o unicameral.
— Preferiría uno bicameral porque eso permite una mayor reflexión. Si la Cámara de Senadores actúa como un filtro de mayor razonabilidad, entonces se afianzarían con mayor precisión los postulados de un Estado de Derecho.
— El presidente ha propuesto una renovación parcial del Congreso. Cuál es su parecer.
— Estoy de acuerdo, creo que eso le daría mayor dinámica al parlamento porque últimamente la opinión pública no tiene un buen criterio respecto de este poder del Estado, entonces el hecho de promover una renovación a la mitad del periodo sería interesante porque activaría la vida política del país, y es precisamente eso lo que sustenta un país que confía en sus políticos.
— ¿El voto debería seguir siendo obligatorio?
— Yo creo que mientras no tengamos todavía una cultura democrática más madura, mantendría –transitoriamente- el voto obligatorio. Venimos de un proceso de transición democrática, y creo que sería preferible todavía mantener esta institución, no por que sea mejor necesariamente, sino por una cuestión de transitoriedad saludable.
— Finalmente, Ud. salió del país en un momento duro por la subversión, ¿considera que el senderismo sigue siendo una amenaza?
— Yo creo que ya no. Creo más bien que estos rezagos tienen actitudes lumpenescas, y nunca van a significar una amenaza real para el Estado, lo cual no quiere decir que este abandone su papel de vigilancia.
Presentación del libro de Alarcón Requejo en Casa de América, Madrid. Panelistas: Luis Pàsara, Elìas Dìaz, Peces-Barba, Rafael de Asìs y Eusebio Fernàndez.
(*) Gilmer ALARCÓN REQUEJO, Estado de Derecho, derechos humanos y democracia. Pautas para la racionalidad jurídico-política desde Elías Día. Ed. Dykinson, Madrid, 2007, 578 pp.
Agradecemos a la Escuela de Postgrado UPAO por las facilidades concedidas para esta entrevista.