lunes, 15 de enero de 2007

ENTREVISTA A ERNESTO DE LA JARA



DE LA JARA Y EL AGNÓSTICO


Provengo por supuesto de la izquierda —nos dice a manera de presentación—, de la época donde la izquierda era una alternativa viable en todo el mundo”. Se llama Ernesto de la Jara Basombrio, abogado y periodista, fundador del IDL, Director de la revista del mismo nombre y hoy por hoy cabeza del Proyecto Justicia Viva (Consorcio integrado por el IDL, Facultad de Derecho de la PUCP y la Asociación Jueces para la Justicia y La Democracia), cuya misión es monitorear los avances que se logren en la refundación de la justicia ordinaria hacia los próximos tres años. Aquí sus perspectivas frente a un agnóstico del sistema, donde cuenta también los giros que han de aplicarse. “Ahora, sinceramente, no me podría definir de la izquierda, pero tampoco me podría definir, de ninguna manera, de derecha...”


—La idea de una reforma en el Poder Judicial está bastante devaluada, y alguna gente se pregunta qué es lo que nos asegura que esta vez no será más de lo mismo.
—Sí, el concepto de reforma judicial está devaluado porque han habido muchos intentos fracasados, sobre todo este último de fines del ’95 con Fujimori y Montesinos, donde se devaluó tanto el término que ahora se habla de “refundación”, “reestructuración”, “modernización”, etc. Casi todo gobierno ha intentado su propia reforma (Leguía, Odría, Velasco, Fujimori), siempre como un medio de intervención política o con otras finalidades; entonces, por qué vamos a pensar que se trata, esta vez, de una reforma judicial auténtica. Yo más bien digo que esta sería la primera vez, si se logra dar esta reforma, porque ha habido un intento de verdad, sin cartas bajo la manga, realmente una alianza entre fuerzas del Ejecutivo y de la sociedad civil para un verdadero cambio.
—Pero esta primera vez, que Ud. dice, es una oleada nacida precisamente a raíz de una coyuntura, que fue el caso de Canal 5...
—Eh, si hay posibilidades de reforma judicial es porque hay tal irritación de la población que es impostergable un cambio; pero yo diría que no solamente es eso, por ejemplo, por primera vez en la historia del país tenemos grupos de jueces y fiscales claramente comprometidos con una visión autocrítica de lo que ha sido la justicia en el Perú, con una visión autocrítica frente a la década del ’90, que tienen una concepción claramente democrática de la justicia, y allí podemos mencionar la iniciativa del Presidente de la Suprema, todo el Sistema Anticorrupción, los jueces y procuradores, que son personas que tienen un discurso de cambio, democrático, a favor de los DD.HH.; hay, evidentemente cambios significativos que no había antes.
—La CERIAJUS, en términos estrictos, ¿no cree que es una intervención del Ejecutivo?
—Yo no podría afirmar ahora que hay una voluntad de injerencia política de parte del actual régimen político. La CERIAJUS, si bien es una iniciativa del Ejecutivo, a la hora de estructurarse, primero, ha seguido un camino institucional, o sea, ha sido una propuesta en el Congreso y después en el pleno; en segundo lugar, está representado el P.E. pero tiene un solo representante, el Ministerio de Justicia es un solo voto, lo mismo el P.J.; entonces, no hay ningún mecanismo de injerencia porque no hay nadie que controle la CERIAJUS. Solamente hay un conjunto de minorías. Ahora, hay que estar atentos, si el P.E. insiste en continuar, por encima del CERIAJUS, con otros proyectos que ha presentado, por ejemplo la ratificación extraordinaria, la jubilación a los 65 años, la ampliación del CNM, eso sí sería una mala señal porque las iniciativas tienen que pasar por la CERIAJUS.
—Tienen un plazo de 180 días, ¿será suficiente?
—Hay una serie de medidas que todo el mundo sabe que se tiene que dar y creo que 180 días está bien para ordenar, centralizar, tener un esquema, y de allí, de la propia CERIAJUS, pueden salir mecanismos que continúen supervisando la implementación de la reforma. En ese sentido sí creo que el plazo está bien.
—Sin embargo no tiene funciones ejecutivas ¿no?, de repente esto no lleva a mucho...
—Bueno, esa es una parte que no está finalmente en la ley, porque inicialmente en el proyecto se decía que podía tomar algunas medidas concretas, pero yo creo que, como están representados incluso parlamentarios; entonces, si se tiene una iniciativa interesante, yo creo que si ellos lo presentan al Congreso tiene muchas posibilidades de salir.
—¿El Acuerdo Nacional es una suerte de reacción del P.J. frente a la iniciativa del P.E. con la CERIAJUS?
—En realidad, primero se anunció la creación del Acuerdo nacional en el discurso del Dr. Sibina a comienzos de año; más bien, se demoró en impulsar esa iniciativa, entonces, no creo que haya sido una reacción, lo que pasa es que se concretó tiempo después que se instaló la CERIAJUS; ahora, hay dos posibilidades: o que esto signifique un confrontación entre el P.E. y el P.J., lo cual sería lamentable; o, la segunda posibilidad, que es la nosotros estamos apostando, que sean dos vías complementarias y compatibles.
Ahora bien, si bien es cierto, la ciudadanía en general tiene expectativa por esta reforma, ¿cómo está viendo el sentir de los operadores judiciales?
—Hay un sector que quiere cambiar, que quiere reivindicar al sistema de justicia, que quiere pasar a ser un sistema reconocido, legitimado, valorizado; sin embargo, como es obvio, hay también muchas resistencias internas, por ejemplo a nivel de la Corte Suprema, pues estamos viendo una serie de fallos absolutamente controversiales, sin mayor sustento jurídico, que hace que la percepción ciudadana empeore en relación a la administración de justicia. En resumen, hay un grupo de jueces pro cambio, y hay todavía muchas resistencias internas que hay que revertir, recordemos que hay muchos sectores que se benefician con las cosas como están en el sistema de justicia.
—Por ejemplo, ¿los abogados?
—Claro, hay abogados honestos, probos, que quieren el cambio, y otros que les conviene que el sistema sea corrupto porque de esa manera hay vías de corrupción, pueden “arreglar” los juicios, etc.; parte del problema de la justicia es la actuación de los abogados, todos sabemos que tienen una actuación muchas veces temeraria y, lamentablemente, no hay ningún marco normativo de sanción a la mala práctica judicial de los abogados, cosa que si hay en otros países.
—¿Alguna admonición para ellos?
—Para quién, ¿para los abogados?
—Sí, para los nuestros...
—Por supuesto, que se plieguen al cambio. Es decir, todos los que estamos hartos de que las cosas sean como están tenemos que decirlo. Si nos convencemos que van a haber reglas de juego claras, que no va a existir corrupción, que se van a respetar los fundamentos jurídicos, yo creo que podemos ganar a muchos abogados con esta idea. Los abogados, así como son parte del problema pueden perfectamente ser parte de la solución.
—Ahora, en general el tema de la corrupción, que es tan medular y tan complejo, ¿cómo enfrentarlo?
—Bien, en la Comisión de Reestructuración, el grupo Eticidad y Anticorrupción Judicial hizo un informe muy interesante por dos cosas: se asumió un concepto de corrupción judicial muy moderno, es decir, corrupción no es sólo cuando se descubre a un juez recibiendo plata, lo es también el tráfico de influencias, no solamente del que lo permite sino del que lo promueve; en segundo lugar, el informe muestra un conjunto de medidas muy concretas que hay que implementarlas ya, por ejemplo, un Registro de Sentencias, que no hay en el Perú; un Registro de Bienes de Jueces y Fiscales; y en general todo un conjunto de elementos de transparencia que son fundamentales.
—Ahora, pareciera que esta última reforma ataca los problemas a partir de los efectos, más no en las causas del conjunto social.
—Todo el mundo sabe que la impunidad genera más corrupción, entonces tiene que haber un aspecto de control disciplinario de sanción de la corrupción; a la vez, estoy de acuerdo con Ud., no es solamente el problema de la corrupción, por ejemplo, todo lo que es el sistema de selección de magistrados es clave, pero por encima de todo está toda la cultura judicial y toda la cultura jurídica, toda la mentalidad litigiosa, porque no solamente los jueces y fiscales son los corruptos, hay una corrupción generalizada: para bailar el tango se necesitan de dos, osea, para un juez corrupto existe alguien del externo del sistema que corrompe al juez.
—Pero eso no está abordando la reforma...
—Todavía no, todavía no, es uno de los aspectos en los que todavía no se han dado pasos adelante.
—Bien, el tema del presupuesto, ¿cuánto dinero es necesario para desplegar esta reforma 2003?
—Nosotros hemos hecho un estudio sobre el presupuesto e indudablemente es un punto en el que tiene razón el P.J., en el sentido de que se requieren más recursos. Ahora, a la vez hay que cambiar antes una serie de cosas, por ejemplo en el presupuesto del año pasado, habiendo escasez de recursos, el P.J. tuvo que devolver 40 millones de soles, entonces, esto indica que no hubo una capacidad de gasto; también tiene que haber una transparencia total en el gasto, en tanto la ciudadanía necesita saber cómo se gasta ese dinero, entre otros aspectos.
—Esta devolución que Ud. menciona, ¿no sería también falta de imaginación para el gasto?
—Serían las dos cosas ¿no?, falta de capacidad en el gasto por falta de imaginación. Lo que pasa es que en el sector público el gran porcentaje es para pagar los sueldos, lo cual no está mal porque el recurso humano es fundamental en este tipo de actividades, pero a la vez hay tantas cosas que implementar, por ejemplo, las condiciones de trabajo que son absolutamente precarias, etc.
—Qué otras consideraciones deben priorizarse, además del tema económico
—Yo diría que de la agenda, en primer lugar, el desafío es que debe abarcar todas las entidades del sistema de justicia, es decir, hay que trascender al concepto de reforma judicial: tiene que abarcar también la Policía, el Ministerio Público, el T.C., el CNM, es decir, todos los eslabones de la cadena; en segundo lugar, hay que abarcar un conjunto de temas simultáneamente, por ejemplo, el factor humano, todo el proceso de selección, de carrera, de control disciplinario. Otro tema es por qué tiene que haber esta jerarquía entre primera, segunda instancia y Corte Suprema, dado que muy bien puede haber un juez que le guste ser de primera instancia y que se quede toda su carrera como tal, pero a la vez pueda mejorar en términos de remuneración, como ocurre en otros países. El tema del acceso a la justicia, el BM dice que la tercera parte del país no tiene ningún tipo de acceso a la justicia, yo creo que es más, pero en fin, así sea solamente un tercio, es un tema que debe preocuparnos.
—Otro tema es la frondosidad procesal, ¿cómo aliviarla?
—Sí, actualmente hay un millón de expedientes de causas pendiente de resolver, se calcula (según nuestros indicadores) que si todo esto sigue así, en 4 años van a ser más de 8 millones, y el P.J. va a tener una capacidad de resolver solamente el 10%. ¡Esto es una locura, es inmanejable!, frente a esto hay que atacar “cuellos de botella”, es decir, hay una serie de segmentos de la carga procesal que no tiene porqué resolverse judicialmente sino a través de otros mecanismos.
—¿Por ejemplo?
—Los MARC’s, que si bien han fracasado en el Perú, esto no quiere decir, por ejemplo, que la Conciliación sea mala en sí misma, lo que pasa es que ha habido una serie de elementos que lo han hecho fracasar, pero habría que replantearlo desde otra perspectiva, por allí también esta el Principio de Oportunidad, el Arbitraje, la misma Justicia de Paz; así, en cada materia se deberían hacer planteamientos novedosos que fortalezcan el sistema. En uno de los temas que hemos preparado para el CADE de este año, decimos que es fundamental para la inversión privada, no sólo que funcionen bien las Cámaras de Comercio o los Juzgados Comerciales, sino que funcione en general el sistema de justicia, porque sino no habrá vías de solución a los conflictos económicos, sociales, la fiscalización del poder, el control de la legalidad; en suma, todo aquello que finalmente da seguridad a las inversiones.
Cómo están abordando el tema de la informatización de la justicia
—Planteamos que esto es clave en el tema de la modernización. No significa que vamos a priorizar sólo la cuestión informática sin un desarrollo cualitativo, recuérdese que en la reforma del ’95 fue el momento en el que más se avanzó en el tema de la informatización, y sin embargo fue la época más oscura del sistema de justicia. Entonces, todo debe ir articulado.
—Mientras tanto los expedientes seguirán cosiéndose a mano...
—La eficiencia en lo administrativo es también clave, siempre cuando esté ligado a lo jurisdiccional, pero creo que con relativamente pocos recursos y mucha creatividad se podrá avanzar en muchísimo. Revisemos el tema del despacho judicial y los órganos de gobierno, pues son los niveles que deben resolver toda una serie de asuntos.
—Finalmente, ¿sigue Ud. creyendo que somos “un país especial” como escribió alguna vez en DEBATE?
—Sí, sí sí... yo soy un convencido de que este país tiene unas posibilidades enormes, gigantescas, y que reposa fundamentalmente en su gente, por ejemplo de aquí me voy cargado de vitalidad porque veo personas comprometidas con su trabajo, y creo que si hay grandes esperanzas, buena voluntad, claridad de objetivos, honestidad en lo que uno hace, tendremos resultados significativos. (2004)

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Rafael del Barco Carreras dijo...

En Barcelona, España

JUICIO GRAN TIBIDABO

SENTENCIA TRES AÑOS



Rafael del Barco Carreras



Si hace veinticinco años, 1983, después de los tres años de prisión preventiva por el caso Consorcio de la Zona Franca, me convencí que lo visto en las películas y mi culturilla por estudios bancarios y experiencias en el campo del Derecho, por mi profesión de empresario, nada tenían que ver con la realidad de la JUSTICIA EN ESPAÑA, pasados estos veintiocho años la situación aun me parece peor. Lo del “cachondeo” del Alcalde de Jerez es de párvulos. Y esta semana, si no había bastante con una taza, DOS, De la Rosa sale casi de rositas y con 30.000 MIL MILLONES para él y sus “cómplices” (que no son el resto de acusados), y sus ex socios LOS ALBERTOS, consiguen consolidar otra estafa de varios miles de millones de los 90 sin ni siquiera pisar prisión, y la pregunta sería ¿Cuánto dinero les ha costado?.

Ya no es que los jueces, fiscales o secretarios sean o no decentes, es que el Sistema es una pura degeneración histórica. Diría que la DICTADURA DEL FUNCIONARIADO durante todos los siglos de historia de nuestro País ha adaptado el Derecho Romano y los Códigos Napoleónicos al total albedrío de unos cuerpos funcionariales y de una profesión imposibilitando cualquier acercamiento al Liberalismo Democrático. El “vosotros hacer las LEYES, que yo redactaré los REGLAMENTOS”, y los “reglamentos” encajan como un guante a los “profesionales del Derecho y la Justicia”.

Ya no es ni culpa de nadie, este engendro que entre corruptos y de “buena fe” permite que un CASO se pierda durante CATORCE AÑOS y que llegado el momento unos pactos escenifiquen una farsa donde parece que se juzgue GRAN TIBIDABO, y lo que se oyen son sandeces de si ha debido pagar unas cantidades o no a la HACIENDA PÚBLICA, no es que sea un cachondeo, es simplemente una injuria no solo a las víctimas estafadas sino a la SOCIEDAD, a la que de entrada le dicen que un reducido número de profesionales, los abogados y fiscalía, han pactado. O sea, las diferentes reformas posfranquistas no solo se lo han puesto más fácil a los profesionales del Derecho y la Justicia, pareciendo que la democratizaban a la altura de lo exigido por los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, sino que han convertido en ridículas aquellas mil o cinco mil pesetas entre escritos de los tiempos de Franco, generalizadas y consentidas.

Pero no es eso lo peor. La adaptación de un sistema impresentable solo ha complicado el panorama. Unas pocas consideraciones tópicas. El DOLO no existía, la voluntad o no de delinquir la decidían los jueces. Cualquiera era culpable si no demostraba la inocencia. La presunción de inocencia, otra entelequia. El ingreso en prisión sin argumentar. La prisión preventiva ilimitada. Nada de “vistillas” reconsiderando el recurso al auto de prisión. Jueces especiales, nombrados a dedo para casos concretos. El juez que instruía o la Sala que decidía los recursos juzgaban, el “yo me lo guiso y me lo como”. El DESACATO base de toda ARBITRARIEDAD, y por tanto prepotente injusticia. El derecho al “silencio” o no declarar contra si mismo, no existía, y se interpretaría a favor o en contra a criterio del juez. Incluso los obligados libros registros de entrada, inexistentes. Como gran concesión, se ha ampliado el poder del TRIBUNAL SUPREMO sobre la SOBERANÍA TOTAL de la Sala de Justicia convirtiendo la llamada ÍNTIMA CONVICCIÓN en prueba irrebatible. Un recurso, el de casación ante el Supremo, lejos de la obligada SEGUNDA INSTANCIA de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, que por ello ya ha condenado a España. Y ni comentario sobre la Ley de Vagos y Maleantes, donde tanto pobre diablo, y no tan pobre, pagó por lo que no había hecho. Si por si solas estas deficiencias jurídicas, por llamarlas suavemente, no anulan cualquier sentencia dictada a su amparo, solo se debe al empecinamiento de un Sistema Injusto para continuar en el machito del Poder. “Los errores antiguos dejan en pos, por desgracia, huellas del pasado”, decía un maestro del Derecho, y entre las huellas y la corrupción, la Justicia Española es un desastre. Y nadie quiere hincarle el diente.

En España no tiene predicamento lo de generalizar los Jurados, ni siquiera MIXTOS, transformando los jueces en árbitros y técnicos, y menos desmontar la burocrática institución de la Fiscalía, eligiendo por votación entre profesionales del Derecho a quienes deban defender al Pueblo y la Ley, y que por cierto las nuevas leyes democráticas les ha convertido en decisorios por pactos en el 45% de los casos MENORES, en este caso MAYORES. El Pueblo Español en esto, y más, demuestra su histórica sumisión y hasta miedo al Poder, y sus políticos, mayoría abogados, que tanta saliva gastan con la palabra DEMOCRACIA no tienen absoluta voluntad de enderezar sumisiones tan aceptadas, como tampoco las tienen de suprimir listas cerradas y cotos impermeables.